La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia mañanera solicitó que se investiguen las compras de medicamentos realizadas por gobiernos municipales a la empresa Qualissen Grupo Farmacéutico S.A. de C.V., firma vinculada públicamente con el diputado local de Morena Andrés Villegas Mendoza.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el caso de presuntos beneficios otorgados a dicha empresa en el municipio de Atlixco, donde se habrían concentrado contratos para el suministro de medicamentos durante varios años consecutivos.
Sheinbaum señaló que, aunque no cuenta con información directa del caso, cualquier señalamiento de posible conflicto de interés o irregularidad en el uso de recursos públicos debe investigarse, subrayando que no puede haber excepciones cuando se trata del manejo del dinero destinado a la salud de la población.
Contratos opacos y vacíos de supervisión
El señalamiento adquiere mayor relevancia ante la postura de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, la cual reconoció públicamente no tener registro, control ni injerencia sobre la compra, verificación o auditoría de medicamentos adquiridos por los municipios, aun cuando estos insumos se utilizan para la atención médica de la población.
La dependencia estatal también admitió que carece de facultades para intervenir en la contratación de proveedores, la adquisición de medicamentos, insumos médicos y materiales de curación, así como en la revisión de la documentación relacionada con estos procesos, dejando un amplio margen de discrecionalidad a los gobiernos municipales.
Salud pública bajo sospecha
Este vacío institucional plantea serias dudas sobre los mecanismos de control y transparencia en la compra de medicamentos, un rubro especialmente sensible por su impacto directo en la salud pública. La posible concentración de contratos en una empresa vinculada a un legislador en funciones abre cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la competencia entre proveedores y la integridad de los procesos de adquisición.
La exigencia de una investigación formal, expresada desde la Presidencia, pone el caso en el centro del debate nacional y refuerza la demanda de que ningún cargo público ni afiliación partidista esté por encima de la rendición de cuentas, particularmente cuando se trata de recursos destinados a garantizar el derecho a la salud.
