– Irregularidades involucrarían a funcionarios de la Fiscalía capitalina, operadores judiciales y áreas encargadas de las evaluaciones psicológicas
Una presunta red de influencias que alcanzaría distintas áreas de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial de la Ciudad de México se encuentra en el centro de graves señalamientos sobre irregularidades en procedimientos penales y familiares, particularmente en controversias por la custodia de menores de edad.
Las acusaciones describen un mecanismo mediante el cual denuncias por violencia familiar, evaluaciones psicológicas y resoluciones judiciales podrían utilizarse de manera coordinada para favorecer a determinadas partes en conflictos familiares.
Entre los nombres mencionados aparece el de la abogada Ana Katiria Suárez Castro, a quien los señalamientos atribuyen una presunta capacidad de influencia sobre distintos actores del sistema de justicia capitalino.
Según esta versión, los procedimientos cuestionados involucrarían disputas familiares en las que una de las partes cuenta con recursos económicos importantes o participa en actividades empresariales.
El esquema comenzaría con la presentación de denuncias por violencia familiar y continuaría mediante actuaciones ministeriales, peritajes y solicitudes de medidas cautelares. Los denunciantes sostienen que algunas de estas actuaciones podrían estar orientadas a generar ventajas procesales en procedimientos paralelos relacionados con custodias, convivencias y pensiones alimenticias.
Uno de los aspectos más delicados de estas acusaciones es la posible utilización de evaluaciones psicológicas como instrumentos para influir en decisiones judiciales.
Los señalamientos apuntan específicamente a áreas encargadas de evaluar a menores de edad y a sus progenitores.
En ese contexto, se menciona a Mariana Ortiz Castañares, Alin Liliana Miranda Hernández e Itzel Hiji Bernal de Anda, atribuye responsabilidades institucionales relacionadas con evaluaciones psicológicas y convivencia familiar.
Las acusaciones también alcanzan a juzgados familiares, jueces de control y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Particularmente, se cuestiona la presunta existencia de decisiones judiciales que favorecerían sistemáticamente a una de las partes, sin que se hayan identificado todavía resoluciones concretas que permitan analizar la legalidad de dichas actuaciones.
La gravedad radica en que, si existiera una coordinación irregular entre funcionarios ministeriales, especialistas en psicología y autoridades judiciales, los mecanismos diseñados para proteger a víctimas de violencia podrían terminar siendo utilizados con fines distintos a los establecidos por la ley.
