Con el propósito de hacer frente al fenómeno de la gentrificación en diversas zonas de la capital, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Bando 1: Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local. Se trata de un paquete de 14 acciones estructurales enfocadas en garantizar el derecho a la vivienda, frenar la especulación inmobiliaria y proteger a las comunidades que habitan barrios históricos.
La mandataria capitalina explicó que estas medidas surgen ante el crecimiento descontrolado del mercado de rentas temporales y la presión inmobiliaria ejercida por dinámicas como el turismo digital, el alquiler a corto plazo y la inversión especulativa en zonas como Roma, Condesa, Juárez, Escandón, Doctores y Santa María la Ribera.
Control de rentas y creación de zonas de tensión inmobiliaria
Una de las acciones principales es la estabilización de rentas, con la finalidad de evitar incrementos superiores al índice de inflación. El gobierno de la ciudad trabajará en la implementación de un índice de precios de renta razonable que funcionará como base para evaluar los costos permitidos dentro de zonas de alta demanda.
Se delimitarán zonas de tensión inmobiliaria, donde se aplicarán regulaciones especiales para proteger a los residentes y evitar la expulsión de quienes habitan desde hace años en esas colonias. Estas zonas estarán sujetas a monitoreo constante por parte de un Observatorio de Suelo y Vivienda, una nueva instancia que permitirá mapear las dinámicas inmobiliarias y prevenir abusos en la compraventa o renta de inmuebles.
Regulación de plataformas como Airbnb
Otra de las medidas anunciadas contempla la regulación de rentas temporales, particularmente aquellas gestionadas mediante plataformas digitales como Airbnb, que han generado una disminución de la oferta habitacional para residentes permanentes. Esta acción busca equilibrar el uso habitacional con los intereses comerciales, priorizando el derecho a la vivienda.
En este sentido, se impulsará una normativa específica para viviendas destinadas a hospedaje temporal, con requisitos diferenciados y esquemas de control para evitar la conversión masiva de edificios en espacios de alojamiento turístico.
Clara Brugada: Defensoría de Derechos Inquilinarios y justicia habitacional
El plan contempla la creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios, que ofrecerá servicios de mediación, asesoría jurídica y acompañamiento ante conflictos por abuso de rentas o desalojos injustificados. Esta figura tendrá facultades para sancionar prácticas irregulares por parte de propietarios y garantizar el cumplimiento de contratos conforme a la ley.
Con ello, se busca construir un modelo de justicia habitacional que proteja tanto a inquilinos como a propietarios responsables, asegurando relaciones contractuales equitativas.
