La reciente aprobación del impuesto a los edulcorantes en México ha puesto en evidencia un debate entre autoridades, empresas y consumidores. La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, busca reducir el consumo de productos con alto contenido calórico. Sin embargo, distintos actores del sector privado cuestionan que la normativa pueda generar efectos contrarios a los objetivos planteados.
Empresas del sector advierten que el gravamen no solo aplicará a bebidas con azúcar, sino también a aquellas con edulcorantes no calóricos, utilizadas por personas que buscan reducir el consumo de calorías. Señalan que esta situación podría limitar la disponibilidad de alternativas bajas en azúcar y afectar la innovación en el mercado.
Cuotas diferenciadas y posibles impactos
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las bebidas con azúcar pagarán 3.08 pesos por litro, mientras que las versiones con edulcorantes no calóricos tendrán una cuota de 1.50 pesos por litro. La industria afirma que incluso la tasa menor podría trasladarse a los precios finales y complicar la operación de pequeñas y medianas empresas.
El debate también se centra en la coherencia de la medida: gravar las opciones sin azúcar podría ir en contra de la intención declarada de fomentar alternativas más saludables, un punto que diversas organizaciones y expertos han subrayado en foros y declaraciones públicas.
Santiago López cuestiona la medida
Santiago López, director ejecutivo regional para América Latina y el Caribe del International Council of Beverages Associations (ICBA), expresó su preocupación sobre los efectos del impuesto:
“Pues esto resulta particularmente contradictorio, porque usted está penalizando las bebidas que utilizan los edulcorantes no calóricos, que son avalados por las autoridades regulatorias en todo el mundo, y pues esto afectaría a esas personas que quieren reducir el consumo de azúcar y de calorías. Y sí, a su pregunta, en la práctica esto envía un mensaje que desincentiva innovación, distorsiona esos objetivos de salud pública, y por eso he llamado muy respetuosos de esta orilla esa que se analice si conviene golpear a la opción que se le da a las personas que quieren reducir consumo de azúcar y consumo de calorías.”
El impuesto a los edulcorantes evidencia la tensión entre objetivos de salud pública y posibles impactos económicos. Mientras el gobierno defiende la medida como una estrategia para mejorar hábitos de consumo, la industria y algunos analistas advierten que podría limitar opciones bajas en calorías y afectar la competitividad. El debate continuará durante los próximos meses hasta su entrada en vigor en 2026.
