Agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arrestaron a Rafael León Segovia, conocido profesionalmente como Lafita León. Tras la detención, las autoridades trasladaron al comunicador ante las instancias correspondientes para iniciar su proceso legal en el estado de Veracruz.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. En este sentido, el Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante un juez para sustentar los cargos en contra del periodista.
De esta manera, la situación jurídica de León Segovia queda en manos del Poder Judicial, el cual determinará en las próximas horas si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso y dictar medidas cautelares.
El periodista Rafael León es acusado de terrorismo
La organización relató que las autoridades notificaron al reportero, el pasado 24 de diciembre, la imputación de delitos sumamente graves, tales como terrorismo y delincuencia organizada. Al respecto, la agrupación señaló que la investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura de nota roja que el periodista desarrolla en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
Bajo este contexto, la organización explicó que, por ahora, León Segovia permanece en prisión preventiva mientras el juez define su situación jurídica. Asimismo, la defensa del comunicador espera la realización de una audiencia programada para el próximo 30 de diciembre. De esta manera, la comunidad periodística vigila el proceso, pues sostiene que las acusaciones podrían representar una represalia por el ejercicio de su labor informativa en una de las zonas más complejas del estado.
Derecho penal como mecanismo para intimidar periodistas
La ONG afirmó que este caso se suma a otros incidentes recientes, entre los que destaca la apertura de un juicio en contra del periodista Rodolfo Ruiz en el estado de Puebla. En este sentido, la organización advirtió que estas acciones refuerzan la preocupación por el uso del derecho penal como un mecanismo de intimidación contra la prensa.
Por tal motivo, la organización exigió a las autoridades de Veracruz que erradiquen toda práctica abusiva que amenace la libertad de expresión. Asimismo, la ONG exhortó a la Fiscalía de Veracruz a que actúe con imparcialidad e independencia en sus investigaciones. Finalmente, el organismo llamó al Poder Judicial para que garantice los derechos del imputado y sostenga el debido proceso en todo momento.
