Denuncian extorsión y trabas administrativas por parte del gobierno de Mauricio Trejo, en proyecto de vivienda en San Miguel de Allende

Los trámites de adquisición avanzaban hasta la llegada de la pandemia, cuando muchas oficinas gubernamentales cerraron, y con la llegada de Mauricio Trejo Pureco a la Alcaldía, todo se detuvo súbitamente.
Más de 200 familias afectadas por la falta de entrega de sus propiedades.
Los afectados se han dado cuenta de que el verdadero obstáculo es el propio Gobierno de San Miguel de Allende, encabezado por Mauricio Trejo Pureco.

Verónica, una ama de casa que invirtió más de 100 mil pesos en una vivienda en el fraccionamiento Ciudades UNESCO en 2018, se encuentra entre las más de 200 familias afectadas por la falta de entrega de sus propiedades. Los trámites de adquisición avanzaban hasta la llegada de la pandemia, cuando muchas oficinas gubernamentales cerraron, y con la llegada de Mauricio Trejo Pureco a la Alcaldía, todo se detuvo súbitamente.

Verónica explicó que las autoridades municipales responsabilizan al desarrollador inmobiliario Ricardo Morales Tardos de la no entrega de las viviendas. Sin embargo, los afectados se han dado cuenta de que el verdadero obstáculo es el propio Gobierno de San Miguel de Allende. «Al día de hoy no tengo ni dinero ni propiedad. El dinero no me interesa, porque no es el mismo que en 2018. Yo quiero mi propiedad, mi casa que yo compré, de 89 metros cuadrados. Es lo que quiero para mí, para mi familia, y para todos los vecinos. Pero ya va a terminar esta administración y no tenemos nada», declaró Verónica.

Paulina, madre soltera y otra de las afectadas, también dio un enganche como las demás familias que exigen al Municipio la liberación de los permisos necesarios para que la empresa desarrolladora pueda entregar las viviendas. Muchas de estas familias actualmente pagan renta, y algunas incluso han pagado la totalidad de sus casas. «Lo que está haciendo este gobierno al pedirnos el voto para entonces poder contar con lo que es nuestro, es una extorsión», reclamó Paulina.

Los afectados han instado a las autoridades municipales a evitar incurrir en delitos electorales, advirtiendo que estos son observados y perseguidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.