Decisión inusual en Nuevo México: Fiscal General rechaza defender a la Gobernadora en demanda de armas, desatando debate sobre poderes estatales.
El Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, ha anunciado en una carta dirigida a la Gobernadora Michelle Lujan Grisham, que no la defenderá en la demanda presentada por la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas debido a sus órdenes ejecutivas que se consideran inconstitucionales.
La medida tomada por el Fiscal General ha generado un debate sobre la relación entre los poderes ejecutivo y judicial en el estado. La Gobernadora Lujan Grisham, había emitido una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con el control de armas en un esfuerzo por abordar la violencia armada en Nuevo México.
La Asociación Nacional por los Derechos de las Armas (NRA) por sus siglas en inglés, presentó una demanda argumentando que estas órdenes ejecutivas violaban los derechos constitucionales de los ciudadanos. La decisión del Fiscal General de no brindar defensa legal a la Gobernadora en esta acción legal ha dejado en claro su posición en este asunto.
El anuncio de Torrez, ha provocado reacciones encontradas en la comunidad política y legal del estado. Mientras algunos aplauden su independencia y consideran que su deber es defender la Constitución, otros cuestionan su decisión y argumentan que debería respaldar a la máxima autoridad del estado.
El caso ahora se encuentra en un punto crítico, ya que la Gobernadora Lujan Grisham, deberá buscar asesoramiento legal externo para su defensa en esta demanda presentada por la NRA. El resultado de este proceso judicial podría tener implicaciones significativas en la política estatal y nacional en relación con el control de armas y los poderes ejecutivos.
