La justicia de El Salvador condenó a decenas de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de cárcel, incluyendo una sentencia individual que supera los mil años de encierro. Este fallo ocurre en el contexto de la «guerra» que el presidente Nayib Bukele mantiene contra las pandillas, según informó la Fiscalía este domingo.
Desde marzo de 2022, el mandatario enfrenta a estas organizaciones criminales amparado en un régimen de excepción. Dicha medida permite a las fuerzas de seguridad realizar arrestos sin orden judicial. Bajo este esquema, las autoridades han detenido a más de 90,000 personas, aunque fuentes oficiales confirmaron la liberación de unas 8,000 tras demostrar su inocencia.
En cuanto a las sentencias recientes, la Fiscalía salvadoreña señaló en la plataforma X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron «condenas ejemplares». El tribunal los halló culpables de 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos.
Crímenes cometidos por el MS-13
De acuerdo con el reporte, un integrante de la pandilla (organización que Estados Unidos cataloga como terrorista) recibió una pena de 1,335 años de prisión. Asimismo, el tribunal impuso a otros diez miembros condenas que oscilan entre los 958 y los 463 años de cárcel.
En cuanto a la naturaleza de sus delitos, el ente judicial explicó que, entre 2014 y 2022, los sentenciados cometieron el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista. Aunado a esto, los miembros de la MS-13 ejecutaron múltiples extorsiones a comerciantes, invadieron viviendas y realizaron actividades de tráfico de drogas.
Para facilitar estas operaciones, la Fiscalía agregó que los pandilleros establecieron bases operativas en diversos sectores de la provincia de La Libertad. Dichos puntos estratégicos servían para que la organización planificara todos los actos delictivos dentro de esa jurisdicción.
El Salvador un país que combate la delincuencia
La estrategia de Nayib Bukele contra las pandillas redujo los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano. No obstante, diversos grupos de derechos humanos critican sus métodos al denunciar presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante los operativos.
Pese a estos cuestionamientos, la política de seguridad salvadoreña ha generado un impacto regional. En este sentido, otros gobiernos de la zona ya anunciaron que implementarán medidas similares para combatir la delincuencia en sus propios territorios.
