Luego de que apenas 113 personas de una población de 5,000 habitantes en San Francisco Tecoxpa avalaran el proyecto de la Línea 6 del Cablebús, el Congreso Nacional Indígena y diversos pueblos de Villa Milpa Alta manifestaron su rechazo rotundo. A pesar de que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México presentaron el consenso como un avance, los opositores denunciaron graves irregularidades en la asamblea.
En este sentido, los manifestantes acusaron al gobierno de ejercer violencia para imponer la obra. Asimismo, señalaron que grupos dirigidos por Luis Linares, entre los que figuran beneficiarios de programas sociales, brigadistas de Altépetl y taxistas informales, presionaron a la comunidad para obtener el respaldo. De esta manera, la asamblea evidencia una fractura social, ya que los pueblos originarios sostienen que la consulta no representa la voluntad mayoritaria de los habitantes de la región.
Red TDT emite alerta de riesgo en Milpa Alta
En tanto, la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) emitió una alerta urgente debido al riesgo inminente que enfrentan la vida e integridad de los habitantes de Milpa Alta. A través de este comunicado, la organización manifestó su preocupación por el clima de inseguridad que impera en la zona tras los conflictos por el proyecto del Cablebús.
Bajo este contexto, la Red TDT exigió a los gobiernos federal y de la Ciudad de México que cesen de inmediato las agresiones contra los comuneros. Asimismo, el organismo solicitó a las autoridades que respeten la libre determinación y la autonomía de los pueblos originarios de la región.
Comunidad agraria se manifiesta
Los integrantes de la comunidad agraria de Milpa Alta sostuvieron que las autoridades no pueden convocar a una Asamblea de Comuneros mientras no elijan, conforme a derecho, una representación legal para su núcleo agrario. Por tal motivo, los comuneros aclararon que la reunión en San Francisco Tecoxpa carece de validez oficial y no representa los intereses legítimos de la población.
En la misma línea, los inconformes sentenciaron que un proyecto de movilidad no debe erigirse sobre comunidades fracturadas ni mediante la agresión a mujeres y ciudadanos. Asimismo, la comunidad expresó que ninguna obra puede considerarse progreso si genera violencia o «deja sangre en el camino».
