El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impuso sanciones directas contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez, conocido como «El Marro». En relación con este anuncio, las autoridades estadounidenses indicaron que esta organización criminal opera principalmente en Guanajuato, donde obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos mediante el robo de combustible y petróleo.
Sobre las consecuencias de estas actividades, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que la disputa entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del hidrocarburo convirtió a Guanajuato en “uno de los estados más mortíferos de México”.
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro acusó al grupo criminal de socavar a las compañías estadounidenses de energía y de privar al gobierno de México de ingresos críticos. Esto sucede debido a que la organización oferta el combustible robado dentro del “mercado negro de energía transfronterizo”, afectando la economía de ambos países.
«El Marro» opera desde la cárcel en México
El Departamento del Tesoro afirmó que “El Marro” continúa activo dentro del CSRL desde prisión, donde envía instrucciones y órdenes a sus colaboradores mediante abogados y familiares. Además, desde la cárcel impulsó la alianza del CSRL con el Cártel del Golfo.
Las autoridades mexicanas detuvieron al líder del CSRL en 2022 y lo trasladaron al penal del Altiplano; posteriormente, en julio de 2024, lo enviaron a una prisión en Durango. Medios oficiales informaron que Antonio Yépez recibió una condena de 60 años de prisión tras ser declarado culpable de secuestro.
Contrabando de combustible en México
El Departamento del Tesoro explicó que el Cártel Santa Rosa de Lima opera en el área denominada “Triángulo de las Bermudas”. Esta zona comprende municipios clave como León, Irapuato, Salamanca y Celaya, puntos estratégicos por donde atraviesan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados a una refinería en funciones.
Para ejecutar el robo de combustible, el crimen organizado emplea una estrategia de coacción que incluye sobornos y amenazas contra los empleados de Pemex. Aunado a esto, los integrantes de la organización perforan ilegalmente los ductos y secuestran camiones cisterna ya cargados con el hidrocarburo.
Una vez obtenido el producto, el grupo criminal vende los hidrocarburos en el mercado negro de México, Estados Unidos y Centroamérica. Con el fin de evadir controles, la red utiliza intermediarios que etiquetan erróneamente el combustible como “aceite usado”, logrando así eludir el pago de impuestos y el rastreo de las autoridades aduanales.
